Esta charla contó con la participación de Javier Díaz Crespo, Presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE; Glenda Ruiz, Directora de Asuntos Corporativos de PMI; y, Carlos Loaiza, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Este panel fue moderado por Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ekos quien aseguró que Ecuador requiere una competencia limpia entre todos sus actores. “Deben existir reglas y evitar grupos que incumplen y afectan el desempeño de estas empresas y a los grupos de interés como es el Estado y su recaudación de impuestos y la misma generación de puestos de trabajo”. ➤ Ver también: Reflexiones sobre el impacto del contrabando En sus palabras iniciales, Dueñas precisó que hay productos con una seria afectación. “Productos como cigarrillos se venden a un precio 5 veces menor, pero implica también un riesgo a la salud pública ya que en su mayoría se trata de productos de mala calidad e imitaciones, y aumenta el desincentivo al desarrollo de la industria nacional y formal (Según la CIP, la afectación a la economía bordea los USD 2 mil millones, cerca del 15% del PIB Industrial del país). De igual manera indicó que se registra menor recaudación de recursos para el Estado (según SENAE, en Ecuador se estiman pérdidas, por evasión tributaria, en USD 400 millones), reducción de fuentes de empleo (la CIP estima la pérdida de 13 mil empleos en el sector textil por el contrabando) y la generación de un clima de violencia e incremento de otras formas delictivas. El comercio ilícito destruye la productividad del país Javier Díaz Crespo, Presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE, precisó en su intervención que es importante ampliar esta discusión, “más allá del concepto de contrabando, debemos hablar del comercio ilícito en general, porque dentro de él está el contrabando, la defraudación aduanera, la falsificación de marcas, venta sin factura, producir sin normas laborales y ambientales”. Para Díaz, hay otras implicaciones y formas de hacer comercio ilícito que hacen que las actividades formales tengan resultados negativos en su día a día y que terminan afectando al empleo. Para el Presidente de la AITE, el comercio ilícito va más allá del ingreso de productos a través de las fronteras sin que la aduana los controle. Es enfático al indicar que se requiere una política de estado para combatir el comercio ilícito. “De esa manera lograremos una real reactivación y lograremos tener, de alguna forma, empleo formal y pleno en el país, lo cual tanto necesitamos”. Su reflexión es profunda en un momento donde el empleo “es una exclusividad de tres de cada 10 ecuatorianos”. Aseguró que la industria textil es el primer sector en generación de empleo manufactura, entre el 20 y 30%, y donde la mujer tiene una alta participación (70%). De ahí que cuando hablamos de comercio ilícito, estamos frente a una problemática´social. “Si uno ve la época dolarizada y comparte PIB del sector de la manufactura, nosotros hemos hecho un gran aporte al PIB industrial”. “Es importante entender que seguimos destruyendo las actividades formales y facilitando el comercio ilícito, cada vez tendremos menos trabajo formal y producción formal”, resaltó. También hizo hincapié en otras actividades muy arraigadas y nefastas en el comercio como la subfacturación. “El 70% del volumen de importaciones entra de manera subfacturada y, por tanto, evade impuestos. Estamos ante una situación gravísima”. Agregó: “Hay más engaño que control y tenemos un problema neurálgico que puede ser combatido de forma rápida pero que exige una decisión política del Gobierno y el compromiso de todos para combatirlo frontalmente”. Díaz habló de un trabajo conjunto entre cámaras y sectores industriales para aplicar una medida que corrija estas distorsiones de valoración de la aduana. También criticó que “No es posible que la base de la aduana esté desactualizada, tiene 10 años de retraso”. “Las autoridades de control hacen verificaciones constantes a las empresas formales, pero cuántas veces se les controla a los que hacen actividades ilícitas”, reflexionó. El comercio ilícito no tiene que ver exclusivamente con aranceles, sino que está ligado al crimen organizado, y si no se lo combate formalmente, seguiremos con un problema latente. “El contrabando es una herramienta para financiar el crimen organizado”, dijo. “Es importante que una reforma tributaria devuelva la competitividad al sector productivo ecuatoriano” Carlos Loaiza, Presidente de la CCQ, comentó que las prácticas de corrupción y de comercio ilícito destruyen la producción nacional y la competitividad del Ecuador. “El contrabando a nivel mundial mueve alrededor de los USD 210 mil millones anuales. A nivel de Latinoamérica representa entre el 1% y el 2% del PIB de la región. De esa cifra, en el caso del Ecuador y acorde a la Organización Mundial para la Salud (OMS), significa que este problema para los gobiernos cuesta entre USD 40 mil millones y USD 50 mil millones”. Loaiza explicó que Ecuador tiene una política arancelaria que no ha tenido una lógica, sino que han existido excesivos y repentinos incrementos a los impuestos. “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Producción, ha hablado de la oportunidad de construir una nueva reforma tributaria que va de la mano con lo dicho por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, «Tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador»”. El líder gremial sostuvo que, como la CCQ, no se trata simplemente de disminuir o bajar aranceles, sino que es necesario una reforma inteligente y por ello se tiene que eliminar aquellas distorsiones que restan competitividad a las cadenas productivas. Además, Loaiza consideró que el país, al tener una economía dolarizada, lo expone a las diferencias de precios de venta en la región. “Es muy importante que una reforma tributaria devuelva la competitividad al sector productivo ecuatoriano de manera que pueda afrontar y capitalizar de mejor manera los beneficios de los potenciales acuerdos con la Alianza del Pacífico o con Estados Unidos. Además, la excesiva normativa y tramitología inciden en el incremento de la corrupción y esto incide en que tenemos que buscar sistemas más ágiles y simples. El crecimiento y la sofisticación de estas redes de distribución ilegal en la frontera, ya sean de productos textiles, uvas, huevos, lácteos, cebolla, entre otros, generan muchas dificultades para los productores ecuatorianos. Otro factor es que existen sanciones bajas para el contrabando y para la falsificación. Este es un tema fundamental porque las normas están hechas para los comerciantes formales, pero no para los informales”, explicó Loaiza. El Presidente de la CCQ cree que el gobierno debe analizar una reforma tributaria porque la única forma que se puede combatir al contrabando es haciéndolo poco atractivo, sin necesidad de incrementar más agentes aduaneros o más controles. “El contrabando de cigarrillos alcanza su máximo histórico en Ecuador” Glenda Ruiz, Directora de Asunto Corporativos, Phillip Morris International, señaló que “el contrabando es un delito que afecta a todos, sin importar el tipo de producto o industria. Elimina plazas de empleo, genera competencia desleal, financia el crimen organizado y también promueve la inseguridad, debido a la asociación que tiene con otras actividades ilícitas, y priva al estado ecuatoriano de recursos muy valiosos, que podrían ser invertidos en el desarrollo del país”. Ruiz presentó cifras alarmantes sobre la repercusión del contrabando de cigarrillos en el país. De acuerdo a un estudio realizado por la firma Invamer, en diciembre de 2020, el contrabando de cigarrillos alcanzó su máximo histórico, representando el 79% de participación de mercado en Ecuador, esto significa que ocho de cada 10 cigarrillos que se comercializan en el país, son de contrabando. “Es un crecimiento desmesurado, de más de 70%, en los últimos seis años, si lo comparamos con 2014, con apenas un 5% de incidencia”. Para tener una idea, Ruiz refiere que a nivel mundial el contrabando tiene un 10% de participación; en Latinoamérica, alcanza el 20%, mientras que Ecuador, el 79%, convirtiéndose “en el primer país sudamericano, o el segundo en la región con los mayores niveles de incidencia de contrabando de cigarrillo”. En el caso de las industria tabacalera, el incremento del contrabando coincide con los incrementos impositivos planteados en la reforma tributaria de 2014 y 2016, donde el aumento a los consumos especiales fue de un 73%. En su momento, este tuvo dos fines específicos: incrementar el recaudo y disminuir el consumo en la población ecuatoriana por temas de salud pública. “Sin embargo, los resultados a la fecha nos demuestran que ninguno de estos dos objetivos se cumplieron, más bien fue un traslado del consumo legal al consumo ilegal, a causa del diferencial de precio existente entre marcas legales e ilegales”. Y como consecuencia, las ventas legales han caído en un 69%, cifra que no es proporcional al consumo, lo que también ha afectado al recaudo ecuatoriano. “En base a nuestras estimaciones, el fisco ha dejado de recaudar solo por evasión del ICE, desde el 2015, más de USD 1.000 millones, es decir, por cada cajetilla de 20 cigarrillos que se vende ilegalmente, el Estado deja de recibir USD 3,20”, afirma Ruiz. En base al informe al que la alta ejecutiva hizo referencia, el 78,5% de las marcas que se comercializan ilegalmente en Ecuador, provienen de Asia, Colombia y Paraguay. “Actualmente, hay marcas asiáticas que ocupan entre el 20 al 26% de participación en el mercado”, recalca. El 80% de los encuestados en este informe, asegura que consume cigarrillos de contrabando debido a su precio. “En Ecuador, el precio promedio de cigarrillos de marcas ilegales, bordea los USD 2,80 versus las cajetillas legales que tienen un valor promedio de USD 5,77, de los cuales, alrededor del 70% corresponde a carga impositiva. En otras palabras, USD 3,80 si también incluimos el IVA”. No obstante, el problema se acrecenta cuando hablamos de marcas chinas, que tiene apenas un precio de USD 1,50. A pesar de que hoy en día el Impuesto a los Consumos Especiales es el doble de lo que era en 2014, es decir, USD 0,16 frente a USD 0,09 por unidad de cigarrillos, el recaudo ha bajado significativamente, menciona Ruiz, de USD 178 millones (2014) a USD 71 millones en 2020. Sin embargo, el consumo de cigarrillos en el país no ha disminuido. Según sus estimaciones de Phillip Morris, la ejecutiva señala que el Estado dejaría de percibir más de USD 250 millones anuales solo por concepto de ICE, si no se combate el contrabando. Ruiz finaliza aseverando que hay un tema de corresponsabilidad para luchar contra esta problemática, desde las autoridades, las cuales deben fortalecer el control, y también desde las industrias y la sociedad civil. “Es importante educar a la ciudadanía acerca de este tema y sus afectaciones a fin de que nosotros como sociedad y consumidores identifiquemos un producto ilícito y prefiramos uno lícito”.