La entidad señala que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han implementado “en los últimos 30 años políticas de apertura comercial que redujeron los aranceles y las barreras no arancelarias. Si bien para el promedio de la región estas políticas han generado aumentos en el comercio e inversiones, su magnitud ha sido modesta y no se condice con las expectativas que se tenían sobre el impacto de estas iniciativas en el crecimiento y bienestar”. Una razón detrás de esta situación radica en que los acuerdos no generaron aumentos significativos y sostenidos en el intercambio intrarregional. Este se mantiene en torno al 15% del total de las exportaciones desde mediados de la década de los noventa, con escasa variación a lo largo del tiempo, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED2021) de CAF -banco de desarrollo de América Latina, titulado: “Caminos para la Integración: Facilitación del Comercio, Infraestructura y Cadenas Globales de Valor”. En contraste, en Europa el comercio intrarregional tiene valores cercanos al 60% del total, mientras que en América del Norte llega al 45% y en el Este y Sudeste de Asia al 35%. “Estos resultados no tan alentadores se explican en parte porque el mercado regional todavía no ha sido un espacio que las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, hayan podido aprovechar para integrarse comercial y productivamente, y que ello brinde oportunidades de expansión de sus ventas y el empleo. Las razones de estas fallas se deben al avance incompleto en varias de las políticas de liberalización comercial”, afirmó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, y coautor del informe. El RED2021 propone una reingeniería de tres pilares en los caminos para la integración de América Latina y el Caribe: Reducción de los niveles de aranceles aplicados unilateralmente, que en algunos casos son todavía altos (notablemente en la Caricom y el Mercosur); al igual que la disminución de los costos aduaneros y de frontera Proveer la infraestructura de transporte necesaria para mejorar la integración física entre los países, incluyendo aquella que favorece la integración energética. Regulaciones domésticas y regionales que impulsen la integración productiva entre las economías, promoviendo la participación de las empresas en cadenas regionales de valor. “Los procesos de integración requieren de una institucionalidad y capacidades estatales para su diseño e implementación. Estos deben alinear los intereses de sectores que se beneficiarán de estas iniciativas y, al mismo tiempo, servir para reducir los costos y reconvertir aquellas actividades que podrían enfrentar mayor competencia. Para ello se requieren recursos, pero también capacidades de coordinación entre diferentes agencias estatales, con el sector privado y con otros gobiernos socios de estas iniciativas”, puntualizó Sanguinetti.