Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y es que ser un defensor o defensora del ambiente en América Latina no solo no es fácil, sino también peligroso. Únicamente en el 2020, Front Line Defenders registró 264 muertes de personas defensoras de los derechos humanos, el 40% de las cuales estaban ligadas a temas relativos a la tierra, los derechos de las poblaciones indígenas y el medio ambiente. También te puede interesar: Sube la extrema pobreza en América Latina a niveles no vistos en casi 30 años Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, América Latina se perfila año con año como la región con el mayor número de muertes, en especial de quienes defienden el ambiente. Datos de Naciones Unidas muestran que 3 de cada 4 asesinatos de personas defensoras de tierra y el medio ambiente ocurren en la región. No es casual que ser la región más peligrosa vaya asociado con ser también la más desigual del mundo, con el 10% más rico de la población alcanzando un rédito 22 veces más alto respecto del 10% más pobre, y donde solo el 1% de las empresas agrícolas controlan más de la mitad de la tierra productiva del continente, según lo reveló el quinto informe: “Il Padroni della Terra (los dueños de la tierra): Informe sobre el acaparamiento de la tierra 2022”, elaborado por la Federación de Organismos Cristianos del Servicio Internacional de Voluntariado. Con un capítulo especial a raíz de una investigación realizada entre 2019 y 2021 por Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú, se muestra que la situación en vez de mejorar, se ha tornado más difícil. La pandemia agravó la situación de vulnerabilidad y, con esto, el riesgo de quienes defienden los derechos humanos en dichos países, en especial cuando su lucha se liga al acceso a la tierra y a los recursos naturales. Un ambiente hostil, poca posibilidad de incidencia en las decisiones que competen a sus comunidades, represión de manifestaciones, ataques de compañías con fuertes intereses económicos, corrupción, impunidad, así como barreras financieras y legales que impiden el acceso a la justicia, son el pan de cada día de quienes buscar defender sus derechos y al medio ambiente, según el informe. El género y la etnia también juegan un rol discriminatorio: indígenas, afrodescendientes, campesinos y, en especial, las mujeres, son las personas más vulnerables; estas, con el 20% de los ataques y amenazas, según el Business and Human Rights Resource Centre. Pese a que el derecho a un consentimiento libre, previo e informado es clave en materia de derechos humanos, no siempre se respeta en la región. Según el informe de FOCSIV, “se realizan consultas pero, independientemente del resultado, se va adelante con los proyectos”. También te puede interesar: El aumento de la desigualdad y las crisis revierten la recuperación del mercado de trabajo Enfatiza el informe que la construcción de un ambiente favorable en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan operar libremente y con seguridad, es una condición imprescindible para promover la igualdad, el respeto de los derechos humanos y la protección del ambiente. Y esto en América Latina, resulta ser todavía una tarea pendiente. Fuente: Efeverde