La espera terminó. Al cabo de siete años y cinco meses, y tras varios anuncios frustrados en los últimos años, el catastro minero finalmente se volverá a abrir este lunes 16 de junio. El primer grupo que se atenderá es a la pequeña minería no metálica, según lo anunciado por el Gobierno. También puedes leer: El Banco Mundial alerta el peor crecimiento global en 50 años El registro fue cerrado en enero de 2018, durante la administración del expresidente Lenín Moreno, debido a irregularidades e inconsistencias detectadas en el sistema, a lo que se sumó la presión de grupos que se oponen a la minería. Hasta ese año se otorgaron 5.432 concesiones, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Desde entonces no se volvieron a recibir peticiones de ningún tipo, ni de minería metálica ni no metálica. Es decir, en este tiempo no se han concedido nuevas áreas para explorar o explotar. La industria de minería metálica, así como otros sectores que dependen de minerales no metálicos, han aguardado a que el catastro se reactive para presentar solicitudes y realizar inversiones. El catastro es una base de información georreferenciada que contiene datos de todos los derechos mineros que existen. “Es el registro de toda la propiedad minera, de todos los recursos mineros que el Estado ecuatoriano ha concesionado, está concesionando o concesionará”, explicó en días pasados el viceministro de Minas, Javier Subía, en una entrevista televisiva. La reapertura está planificada en tres momentos y está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom): Primera fase: 16 de junio, para la pequeña minería no metálica. Segunda fase: en septiembre, para la pequeña minería metálica. Para fines del año estará abierto todo el catastro minero. La razón de dividir el proceso es “para garantizar la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad operativa”, justificó la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, el pasado 2 de junio, en la conferencia de prensa en la que se concretó el anuncio que hizo en la víspera el presidente de la República, Daniel Noboa, el 24 de mayo, durante la ceremonia de investidura de su segundo periodo presidencial. En la primera fase, el Ministerio de Energía prevé que un plazo de tres a cuatro meses ya deben estar reactivados todos los procesos que son necesarios para la administración diaria de los titulares mineros, describió el viceministro de Minas en una entrevista con este Diario. En paralelo, en la página web de la Arcom está publicado el nuevo instructivo para peticiones de pequeña minería no metálica, que forma parte de esta primera etapa. Con esa normativa, que no había sido actualizada desde el año 2014, los interesados pueden presentar solicitudes para obtener concesiones. Este tipo de minería interesa particularmente a las cementeras, ya que de ahí se extraen calizas, puzolanas y otros materiales utilizados en la fabricación de cemento. La industria de la cerámica también se nutre de estas materias primas, como las arcillas, que son elementales para elaborar vajillas, porcelanas, porcelanato, baldosas, cerámicas, entre otros productos. La siguiente fase será para la pequeña minería metálica, para la cual también se actualizará la normativa y estará disponible en la página web. “La meta es avanzar con la pequeña minería hasta finales de este año. Los procesos completos que proyectamos estarán listos hasta el primer semestre del próximo año. Esto es clave porque necesitamos abrirnos al mundo y atraer inversiones multinacionales de gran escala“, resumió el viceministro. La Cámara de Minería del Ecuador (CME) se ha mostrado optimista con la reactivación del catastro, ya que impulsará el desarrollo de la industria. No obstante, el gremio considera que las inversiones se verán afectadas por la implementación de la tasa de fiscalización y control minero, que empieza en julio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reiteró su oposición y advirtió que se radicalizará la defensa de los territorios. Zamora Chinchipe es la provincia con más concesiones En febrero de este año, el Ministerio de Energía y Minas, en un evento con empresarios y autoridades, presentó el plan de inversiones para el sector minero 2025-2030. La entonces viceministra de Minas, Rebeca Illescas, expuso que el catastro minero cerró en 2018 con un total de 5.432 concesiones otorgadas. Los regímenes que concentran más derechos mineros son la minería artesanal y la pequeña minería: Derechos mineros Gran minería: 277 Mediana minería: 121 Pequeña minería: 1.956 Régimen general: 226 Minería artesanal: 2.460 Libre aprovechamiento: 692 Hay concesiones en todas las provincias del país. Zamora Chinchipe es la que registra el mayor número de derechos otorgados hace siete años: Provincia Zamora Chinchipe: 1.065 El Oro: 545 Loja: 528 Azuay: 503 Morona Santiago: 445 Guayas: 317 Cotopaxi: 203 Napo: 200 Sucumbíos: 187 Pichincha: 178 Chimborazo: 167 Esmeraldas: 153 Imbabura: 142 Manabí: 118 Bolívar: 107 Cañar: 101 Pastaza: 91 Tungurahua: 89 Los Ríos: 76 Santo Domingo de los Tsáchilas: 70 Orellana: 61 Carchi: 49 Santa Elena: 34 Galápagos: 3 TOTAL: 5.432 El actual viceministro de Minas explicó que el catastro minero cerró porque había indicios de que ciertas concesiones aparecían en el computador sin tener respaldo documental, sin haber sido debidamente sustanciadas. “La debilidad del Sistema de Gestión Minero antiguo y todos estos temas hicieron que haya concesiones que no sabemos cómo aparecieron, cómo se otorgaron, en qué orden, por qué desaparecían unas y aparecían otras. Eso fue lo que dio pie a que se cerrara el catastro minero”, describió. En octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de un Comité Nacional de Integridad del Sector Minero y la actualización del catastro minero en un plazo de seis meses. Desde entonces la Arcom y el ministerio han trabajado para reabrir el sistema. Más de 600 solicitudes quedaron suspendidas Con el cierre quedaron suspendidas alrededor de 680 peticiones de todos los regímenes mineros, indicó Javier Subía. Posteriormente, en mayo de 2022, el entonces presidente Guillermo Lasso emitió varias directrices macro para el sector, con el fin de retomar los trámites detenidos. Se realizaron consultas a los titulares mineros si deseaban o no continuar con sus peticiones. Algunos, incluso, ya habían fallecido durante la pandemia especialmente en el caso de la pequeña minería, mencionó el viceministro. A los que manifestaron su interés en continuar se solicitó la actualización de sus documentos. En 2023 se retomaron los procesos de sustanciación de esas peticiones y se fueron otorgando concesiones a medida que avanzaba dicha sustanciación. En pequeña minería se han otorgado alrededor de 80 concesiones, de un total de 384 solicitudes que completaron el proceso. De esas 384 peticiones, aproximadamente la mitad fue archivada por no cumplir con los requisitos establecidos en los instructivos de 2016 y 2017. De las restantes, alrededor de la mitad han seguido avanzando, y las demás deberán ser depuradas antes de la reapertura del catastro para minería metálica. La Arcom realiza una depuración caso por caso de las concesiones que deben continuar. “Esto es fundamental, ya que no tendría sentido migrar información obsoleta al nuevo software. Es necesario limpiar y depurar los datos”, puntualizó. Un nuevo sistema, cuyo contrato tuvo dificultades Para la modernización del sistema informático del catastro minero, en septiembre de 2023, durante el gobierno del expresidente Lasso, se firmó un contrato con la compañía canadiense Pacific Geotech Systems Ltd. para implementar un nuevo software y hardware con altos estándares de seguridad. El monto total del proyecto es de USD 2,3 millones, que contó con el financiamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque se firmó el contrato en 2023, no se logró destrabar el desembolso de recursos. Fue recién en noviembre de 2024, bajo la presidencia de Noboa, cuando se pudo realizar el primer pago para este proyecto, por un monto de USD 500.000 millones. La transferencia se pudo efectuar luego de superar un proceso de mediación en el que intervinieron la Procuraduría General del Estado y la empresa contratista. Superada aquella dificultad, los últimos cinco meses el Gobierno ha trabajo con la empresa canadiense para desarrollar los procesos correspondientes.También te puede interesar: El Colegio de Arquitectos de Pichincha presenta “Arquitectura para sentir”, su nuevo eje de acción para la gestión 2025-2027 Javier Subía señaló que el nuevo software contempla 33 procesos y 88 subprocesos, y debe contar con medidas de seguridad incluso superiores a las bancarias, debido a la complejidad y diversidad de los trámites mineros. “Queremos que este software sea válido para los próximos 25 años, no como el anterior, que se lo contrató por el 2014-2015 y en el 2016 ya tenía problemas. Los problemas eran tan graves que en enero del 2018 lo cerraron. Ahora tenemos una mayor certeza de que esto no va a ocurrir”, aseguró el funcionario. Fuente: El Universo