Freddy Cevallos, Presidente de la Camecol, señala que la imposición de un gravamen del 30% a productos colombianos no puede leerse como una simple medida comercial. En una entrevista para Revista Ekos, el ejecutivo sostuvo que “no existe un ganador en una guerra comercial; los dos países terminamos siendo perdedores”. A su criterio, el principal efecto será la contracción del consumo en ambos mercados y un encarecimiento inmediato de productos que hoy fluyen de manera regular entre Ecuador y Colombia. Uno de los riesgos más sensibles, advierte, es el incentivo directo al contrabando. “Este tipo de medidas lo que hacen es reactivar e incrementar el contrabando, porque un sobrecosto del 30% rompe cualquier esquema formal de comercio”, señala Cevallos. Esto no solo afecta a las empresas formales, sino también a la recaudación fiscal y a la trazabilidad de los productos que ingresan a los mercados. Desde el plano diplomático, el Presidente de la Camecol reconoce que existe predisposición al diálogo entre ambos gobiernos, pero el tiempo juega en contra. “La normativa entraría en vigencia el 1 de febrero y quedan apenas siete u ocho días para encontrar una salida”, explica. A ello se suma un factor crítico: la posible suspensión de la venta de energía desde Colombia. “Ese impacto podría ser incluso mayor que el propio arancel”, advierte. También puedes leer: El mercado asegurador ecuatoriano creció 5,7% y cerró 2025 con su mejor desempeño en una década Cevallos subraya que cerca del 60% de los USD 2.000 millones que Ecuador importa desde Colombia corresponde a materia prima. “Si se encarece o se interrumpe ese flujo, el efecto se traslada directamente a la producción, al empleo y a los precios finales”, señala. En su lectura, varios productos podrían dejar de ser competitivos y salir del mercado, provocando una cadena de desempleo y menor actividad económica. En el plano jurídico-comercial, el dirigente es claro al señalar que la seguridad no constituye un argumento válido dentro de los acuerdos de la Comunidad Andina. “La seguridad no se encasilla como una justificación comercial para incrementar aranceles”, afirma. Si Colombia acude al Tribunal de Justicia de la CAN, sostiene, “Ecuador no tendría un sustento económico sólido para defender esta medida”. Finalmente, Cevallos insiste en separar las agendas. “La inseguridad es una realidad nacional grave, nadie la niega, pero no puede trasladarse al comercio internacional”, recalca. Y concluye con un llamado regional: “Ecuador y Colombia son economías complementarias, con realidades similares. Presionar desde el comercio sólo termina afectando al consumidor, a los productores y a los propios gobiernos. La salida es el diálogo diplomático y técnico, no la confrontación económica”.