Con 90 votos afirmativos, frente a 29 negativos, cero blancos y cero abstenciones, la mayoría de legisladores aprobó el proyecto de Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. El texto unificó la iniciativa presentada por el presidente Lenín Moreno, con la planteada por los asambleístas de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier. La norma degoratoria establece además la prescripción de deudas de acuerdo con el artículo 55 del Código Tributario interno. Castanier explicó que, con ello, quedarán extintos los montos impagos de los años 2012, 2013 y 2014, incluidos intereses, multas y recargos. Asimismo, un proceso de remisión del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes que arrastran montos pendientes de pago desde 2015 hasta la fecha. Para acceder, los beneficiarios deberán cancelar el 100% del saldo de capital en tres cuotas anuales. La solicitud deberá presentarse hasta el 31 de diciembre de este año. Según datos expuestos por Homero Castanier, ponente de la ley, por este rubro el Servicio de Rentas Internas (SRI) registra una cartera vencida de USD 299 millones, de los cuales 47 millones constituyen intereses, multas y recargos. Además, quienes deseen ingresar su vehículo antiguo al Programa de Chatarrización no estarán en la obligación de cancelar previamente el dinero adeudado por el impuesto. La mayoría de intervenciones en el Pleno señalaron que la medida estuvo mal enfocada, no cumplió con el objetivo de disminuir los índices de contaminación y no se justificó el uso de los recursos. Los resultados de la votación fueron recibidos con júbilo por unos 30 ciudadanos que se apostaron en las barras altas del Pleno. Ellos son miembros del Colectivo Fuera Impuesto Verde, creado por propietarios de vehículos gravados con los montos más altos. Esteban Albornoz (AP) dijo que solo el 13% del parque automotor está gravado, sin que en ese grupo estén considerados los autos con altos niveles de contaminación. Entre 2012 y mayo pasado el tributo generó USD 779 millones, según el SRI. Para este año, la meta era de 164 millones. El impuesto fue creado en 2011 a través de la Ley de Fomento Ambiental. Grava a vehículos con cinco o más años de antigüedad y cilindraje superior a 1 500 cm3. El transporte público, productivo y autos clásicos estaban exentos. Los conductores gozaron de rebajas del 80% hasta 2014. El descuento fue del 50% hasta 2017 y a partir de 2019 el SRI realiza el cobro total. Juan Cárdenas y Carlos Viteri, ambos del movimiento Revolución Ciudadana, defendieron la aplicación del impuesto porque influye en los hábitos sociales y eso ayuda a reducir la contaminación. La eliminación del tributo beneficia a una pequeña porción de ciudadanos, ya que la mayoría se moviliza en transporte público, argumentaron. Para Javier Bustos, experto tributario, con la prescripción de deudas los legisladores “premian” a los contribuyentes que actúan al margen de la ley, es decir, a los incumplidos, y castiga a quienes sí cancelaron o acordaron facilidades de pago antes de esta decisión. El texto aprobado en el Pleno irá al Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse. Fuente: El Comercio