En 2024 se registraron 359 obras suspendidas, mientras que para el 2025 la cifra aumentó a 664. De las 153 obras suspendidas en lo que va de este año, el 73% de estas se debe a la ausencia de licencia de construcción, evidenciando que el problema no radica únicamente en la fiscalización, sino en el incumplimiento sistemático de los requisitos. Este impacto también es visible en las sanciones económicas aplicadas, siendo que desde el 2024 al 2025 y hasta este primer trimestre del 2026, las resoluciones sancionatorias sumaron USD 1,3 millones; USD 3,6 millones y USD 1,1 millones correspondientemente. Uno de los episodios más recientes que evidenció los riesgos de esta problemática fue el colapso de una obra en Tumbaco el 28 de marzo de 2026, que dejó cuatro personas heridas. La construcción ya había sido suspendida semanas antes, pero continuó operando sin cumplir requisitos básicos como planes de seguridad. Este caso refleja un patrón recurrente en el que las disposiciones municipales son ignoradas, incrementando el riesgo para trabajadores y habitantes. Te invitamos a leer: PepsiCo Ecuador inaugura Agro Storage, su nuevo centro de almacenamiento, con una inversión alrededor de USD 4 millones Las zonas con mayor incidencia coinciden con áreas de expansión urbana. Sectores como Tumbaco, Los Chillos, Eugenio Espejo y el Centro Histórico concentran el mayor número de obras suspendidas. Solo en 2025, Tumbaco registró 124 suspensiones y Los Chillos 89, mientras que en 2026 estas cifras continúan en ascenso, con una estimación de que cerca del 70% de las construcciones en estos sectores son ilegales. Además de las multas, que pueden superar los USD 40.000, las consecuencias incluyen la imposibilidad de obtener certificados de habitabilidad, lo que limita la venta o uso legal de los inmuebles. En algunos casos, las edificaciones no pueden regularizarse y deben ser demolidas, lo que implica pérdidas económicas significativas para los propietarios. En este escenario, el aumento de construcciones ilegales no solo plantea un problema urbano, sino también un riesgo directo para la seguridad y sostenibilidad de Quito. Fuente: Agencia Metropolitana de Control (AMC) | Expreso