En medio de desafíos estructurales y una creciente necesidad de reactivar la economía nacional, las alianzas público-privadas (APP) surgen como una herramienta esencial para atraer inversión extranjera, impulsar el desarrollo sostenible y modernizar sectores estratégicos como el energético, minero y petrolero. Para conocer más sobre el papel de estas alianzas en el contexto ecuatoriano, conversamos con Vianna Maino, Experta internacional en APP, quien compartió su visión sobre el panorama actual, los retos y las oportunidades que estas alianzas ofrecen para el país. La crisis energética que ha enfrentado Ecuador en los últimos años ha evidenciado la urgencia de diversificar la matriz energética. En este escenario, las APP representan una solución concreta. “Las alianzas con el sector privado permiten potenciar la innovación tecnológica, reducir costos y facilitar la movilización de capitales”, explicó Maino. Barreras con las alianzas público-privado La experta advierte que aún existen importantes barreras para consolidar APP efectivas en el país. “Uno de los principales obstáculos es la inseguridad jurídica y la fragilidad de contratos frente a decisiones judiciales sesgadas”, destacó. Para el sector energético. A partir de 2024, se han aprobado leyes claves para la Competitividad Energética y para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías, estamos ya en el punto de la implementación. Lecciones regionales La experiencia de otros países andinos ofrece valiosas lecciones para Ecuador. “Perú y Colombia han logrado atraer inversiones en toda la cadena energética, con montos que alcanzan los USD 900 y 5.700 millones respectivamente en 2024”, destacó. Además, países como Chile han desarrollado marcos regulatorios claros que permiten impulsar proyectos de energías renovables mediante APP. “La clave está en ofrecer garantías regulatorias sólidas, cumplimiento de estándares ambientales y sociales, y modelos de colaboración que favorezcan inversiones a largo plazo”, explicó. El Estado como facilitador Finalmente, Vianna recalcó que “cuando el Estado impulsa la inversión privada, se generan empleo, ingresos fiscales y desarrollo económico. Además, se liberan recursos públicos para atender necesidades sociales prioritarias”, concluyó la especialista.