Los dos organismos sumarán esfuerzos para facilitar soluciones integrales y la protección del derecho al trabajo decente de las personas refugiadas y migrantes. Además, se busca la colaboración estrecha con el Gobierno y organizaciones de empleadores y trabajadores para la creación, fortalecimiento y adaptación de políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y migrantes accedan a empleo, autoempleo y a otros esquemas de protección social adecuados y sostenibles. “Este acuerdo es una gran oportunidad para mejorar las condiciones y perspectivas laborales de las personas en situación de movilidad humana y las comunidades que las acogen. No sólo para contribuir en su calidad de vida, sino también para fomentar la inclusión y la igualdad de trato al momento de acceder a un empleo”, dijo Giovanni Bassu, Representante de ACNUR en Ecuador. ➤ Ver también: Países de los que Ecuador recibió más remesas de sus migrantes El convenio también permitirá a ambas organizaciones trabajar conjuntamente en procesos de recolección de datos, análisis e intercambio de información respecto de la situación de población refugiada y migrante, con el objetivo de apoyar al Estado ecuatoriano en el diseño de políticas y programas de integración socioeconómica más efectivos e inclusivos. “Este acuerdo llega en un momento muy sensible para las poblaciones en movilidad, siendo uno de los grupos más afectados por las consecuencias de la pandemia y crisis económica. Entre estas personas y el trabajo se alzan varios obstáculos de carácter legal, administrativo y social. Si finalmente encuentran un trabajo, éste se halla frecuentemente en el sector informal, por ello la necesidad de fortalecer las condiciones laborales en espacios de formalidad y garantía de sus derechos”, comentó Elena Montobbio, Directora Adjunta de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.