Una de las conclusiones del informe que estudió la situación de las personas mayores en la región menciona que “la crisis de la COVID-19 ha exacerbado los problemas pre pandemia y otros han emergido con fuerza, manifestándose nuevamente la necesidad de avanzar, por ejemplo, en la consolidación de sistemas integrales de protección social, incluyendo la protección social frente a la desocupación, mediante la conjunción de prestaciones por desempleo y el acceso a políticas activas del mercado de trabajo para agilizar la inserción laboral y facilitar la transición de la informalidad a la formalidad”. De acuerdo con el informe, la proporción de personas mayores sin ingreso laboral ni pensión aumentó de 31,9 % en 2019 a 34,6 % en 2020 y 34,5 % en 2021, una brecha de cobertura que se constituye como la más alta desde 2012. En la región se observa que un 46,8 % de los mayores de 65 años recibe solo una pensión, un 5,1 % recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6 % reporta solo ingreso laboral, en total, el 51,9 % reciben una pensión. La OIT señaló que la falta de recursos como ahorros u otras fuentes privadas y la disminución de la capacidad para generar ingresos laborales en edades avanzadas, puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez. “La pandemia visibilizó la importancia de los sistemas de protección social, entendidos como el conjunto de políticas y programas que garanticen una cobertura integral frente a los distintos riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida”. La organización afirmó en el documento “Panorama de la protección social” que la protección social es fundamental para lograr la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales. También te puede interesar: Perspectivas del mercado laboral ecuatoriano El nuevo documento de la Oficina Regional incluye, además, los desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor en América Latina y el Caribe, entre ellos, recuperar el crecimiento económico, aumentar el empleo formal, establecer mecanismos de actualización del valor de las prestaciones en respuesta a la inflación de cada país. Además, lograr la cobertura universal mediante la sumatoria de los regímenes contributivos, semi contributivos y no contributivos que considere las brechas de género y por rangos de ingresos, asegurar la protección de riesgos de la salud para la población mayor, con independencia de su situación de ingresos. Fuente: El Espectador/Colombia